Los diputados Claudio Monge, gerente de temas ambientales de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana, y José María Villalta, representante del Frente Amplio, calificaron de omiso el pronunciamiento de la Sala Constitucional que avala la operación de una cementera en San Rafael de Alajuela.
Los magistrados fallaron a favor de la empresa Cementos David, ignorando los argumentos de la comunidad, que ha denunciado el daño ambiental provocado por la cementera y los efectos negativos en la salud de las personas.
Los Diputados destacaron que el magistrado instructor, Fernando Cruz, concedió a los representantes de la empresa Cementos David una audiencia privada que se desarrolló el 26 de julio de 2010, según consta en el folio 932 del expediente constitucional 09-017485-0007-CO.
"Oportunamente, la comunidad de Rafael de Alajuela recusó al magistrado Cruz, pero la presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, desestimó la gestión de las y los vecinos afectados", informó el representante del Frente Amplio.
"Es inaudito que la Sala Constitucional recibiera en audiencia privada a los representantes de la empresa, ya que son los vecinos quienes sufren el daño ambiental y el deterioro de su salud. El magistrado Cruz se conformó con atender y escuchar los argumentos presentados por los personeros de Cementos David", señaló el diputado Monde Pereira.
Los vecinos de San Rafael de Alajuela recordaron que aún quedan dos recursos de amparo pendientes de ser resueltos, así como un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de la Municipalidad de Alajuela y Cementos David, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de las licencias de funcionamiento.
"El caso no está cerrado como aduce la cementera", agregó el diputado del PAC.
