A mi abuela paterna la he recordado en estos días al analizar algunas de las noticias que han circulado. "Aquí nadie tiene corona", solía decir, cuando se comentaba algún hecho crítico de la vida pública, y particularmente cuando se cuestionaba a algún político o servidor público y éste se resistía a ser investigado. Con esta sencilla frase resumía, en forma extraordinaria, uno de los principios más poderosos de la vida en democracia y, en buena parte, de la tradición costarricense. A mí me costó años descifrar el sentido de esta afirmación que le escuché siendo niña. Con los años, el orgullo de ser costarricense y vivir en un país en el que se valora la igualdad de las personas, especialmente ante la justicia, fui comprendiendo su importancia. Para ella el ser funcionario público en una democracia significaba tener la humildad de reconocer que el poder no exime de rendir cuentas.

La importante lucha que han venido dando miles de costarricenses está dando sus frutos. El Tribunal Contencioso Administrativo acaba de anular la concesión del dañino proyecto minero Crucitas. La institucionalidad del país, a la que acudieron organizaciones ecologistas buscando que se reestableciera la legalidad quebrantada, sin lugar a dudas se refuerza con esta sentencia. Esta decisión marca un hito, no solo en la defensa de una país respetuoso de la naturaleza y que fundamenta su desarrollo en el aprovechamiento responsable de nuestros extraordinarios recursos, sino en la defensa ciudadana del interés de la mayoría.

¿Por qué ha causado tanto malestar –y dolor, me atrevo a decir– la desenfrenada carrera de seis bancadas legislativas para aumentarse su salario? Esta podría parecer una pregunta innecesaria, por la obvia respuesta que convoca... Pero con mucha frecuencia las preguntas aparentemente inútiles conducen a explicaciones que, por contundentes, permanecen escondidas bajo toneladas de explicaciones engañosas. Veamos.