La valentía del Tribunal debe destacarse con fuerza. Porque hace mucho tiempo –y el avance de este nocivo proyecto en medio de irregularidades y daños cuantiosos es una prueba incontestable- muchos políticos y funcionarios, órganos técnicos, creadores de opinión e instancias de los poderes públicos han venido guardando silencio o cubriéndose en convenientes ambigüedades para no enfrentar a un sector de políticos y de interés económico de inmenso poder e influencia en Costa Rica. Uno de los proyectos insignia de estos intereses poderosos ha sido precisamente el proyecto minero Crucitas. La publicidad millonaria y engañosa a favor de la empresa, sus ataques sin misericordia a todos los sectores que osaban oponerse a un proyecto tan dañino para las actuales y futuras generaciones y el apoyo de políticos costarricenses de gran influencia hicieron temblar a más de uno. Pero no a esos tres jueces de la República –dos hombres y una mujer-, que al actuar con independencia vuelven a levantar la bandera de la dignidad y le recuerdan a esos sectores, que han venido creyéndose todopoderosos, el elemental principio democrático de la igualdad de todas y todos ante la ley.
Pero si algunas y algunos que pudieron en su momento, en el actual gobierno y en el anterior y gracias a la posición que ostentaban, haber levantado la voz para evitar tanto daño no lo hicieron, sí se atrevieron a hablar algunos actores clave: organizaciones ecologistas, miembros de la comunidad de San Carlos, iglesias, periodistas independientes y críticos, partidos opositores comprometidos con la defensa del ambiente, estudiantes y universidades, organizaciones laborales, creadores de opinión, profesionales en diversos campos, valerosos costarricenses que jugaron un papel decisivo en la defensa del Estado de derecho, el patrimonio nacional y el interés general. Todas estas fuerzas dieron voz a esa ciudadanía que a veces se siente impotente ante los grupos de poder que en los últimos años han querido manejar el país a su antojo.
Y es esta una de las más grandes lecciones que deja esta sentencia. Por una parte, que peligrosamente pueden orquestarse voluntades para aprobar proyectos que interesan a unos pocos y satisfacen su voracidad de poder y ganancias, aún teniendo que incurrir en ilegalidades, atropellos, desconocimiento de los criterios técnicos y daños irreparables a nuestro patrimonio. Y enseña, por otra parte, la fuerza y la responsabilidad de la ciudadanía, así como de las fuentes llamadas a generar un pensamiento independiente. Pero muestra sobretodo el ejemplo de jueces y juezas valerosas e independientes: un llamado fuerte a los funcionarios públicos a no debilitarse ante la política de turno y a no ceder en su dignidad y misión de defender la ley y el bienestar de la mayoría. Un llamado, sobretodo, a la esperanza y a la renovación de nuestro amor por Costa Rica.
