Pues ese principio, preciado valor de la singularidad costarricense, es precisamente lo que está en riesgo en estos momentos. Porque hay quienes ocupan y aspiran a seguir ocupando puestos públicos, pero montan en cólera cuando la prensa u otro actor social se atreve a cuestionar actos suyos o de funcionarios cercanos. En vez de explicar sus actuaciones, en su enojo lanzan advertencias contra la prensa, responden molestos si un periodista es incisivo ante hechos documentados, o defienden sus actos alegando que han acudido a altos jerarcas–cuando estos contactos directos le son cuestionados- porque son sus amigos o sus parientes. "¿No era –como decía mi abuela- que en una democracia nadie tiene corona?"
La clave –en el caso reciente de don Rodrigo Arias y los fondos del BCIE, el cual se ha ventilado en la prensa a partir de una investigación del periódico La Nación- la ha dado el Ministro Tijerino al señalar que le fue solicitada una información " a la que tiene derecho cualquier ciudadano". Efectivamente, se trata de probar, a raíz de este caso, que todas y todos los ciudadanos merecemos el mismo trato. Es decir, que a don Rodrigo se le ha tratado como –ante una situación similar- seríamos tratados todos los demás ciudadanos. Por ahora lo que ha documentado la prensa es que cuatro fiscales habían acordado indagar al exministro en relación con el caso del manejo de los fondos del BCIE; que la Fiscala interina suspendió la citación al exministro dos horas después de haberla notificado; que el nuevo Fiscal General pidió suspender esa indagatoria 8 días antes de asumir su nuevo cargo; que la Fiscala Adjunta de Delitos Económicos, después de la suspensión, había solicitado una reconsideración. Pues el asunto es sencillo: si nuestra justicia funciona realmente, tal sucesión de hechos debe ser explicada por una instancia independiente. El propio manejo de los fondos del BCIE –en mi criterio- debe ser aclarado de una vez por todas. No caben malabarismos explicativos que ofenden la inteligencia. Tampoco caben intimidantes manifestaciones de fuerza como una foto en la que el cuestionado, sin ser congresista, aparece en el Primer Poder la República ¿como "cualquier ciudadano"?, rodeado por una corona de diputados. Como bien ha entendido la Corte Plena, lo que está en juego es la credibilidad del Poder Judicial, la reafirmación de su independencia ante el poder político como un principio básico de la vida en democracia.
Nuestro país se ha preocupado por impulsar legislación que busca hacer más transparente la función pública. ¿Pero de qué nos servirá si no se aplica con rigurosidad y justicia a todos por igual? Será con hechos que podrá probarse que en Costa Rica, efectivamente, las nuevas leyes se aplican a todo funcionario, aunque algunos se esfuercen por hacer valer su corona.
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