Artículo de opinión de la diputada Yolanda Acuña Castro
Publicado el 18 de diciembre del 2012 en Diario Extra
De forma irresponsable, 29 diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Accesibilidad Sin Exclusión, Renovación Costarricense y Restauración Nacional, aprobaron el presupuesto ordinario de la República para el 2013. Un plan de gastos que carece de indicadores claros y rigurosos, mecanismos de fiscalización y transparencia; un presupuesto electorero, que sigue la ruta de la depredación de las arcas del Estado, y con el que se pretende limpiar la imagen –deteriorada al máximo– de un gobierno sin derrotero e ineficiente.
El presupuesto, aprobado el 27 de noviembre, favorece el clientelismo, alimenta de manera exponencial los gastos superfluos y ratifica la incapacidad administrativa del actual gobierno. Además, incumple los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e ignora las advertencias de la Sala Constitucional.
Un elemento adicional que no puede pasar desapercibido es la creciente "planilla paralela del Estado". Cada año, más recursos públicos se destinan a la contratación de consultorías y otros servicios, cuyos resultados no conocemos. Solo las contrataciones externas y las consultorías del Gobierno Central, programadas para el 2013, le costarán al Estado cerca de ¢31.000 millones. Las partidas presupuestarias para pagar la planilla externa del Poder Ejecutivo tienen, desde 2008, un comportamiento ascendente. El punto más alto lo registra la administración Chinchilla Miranda, con una variación del 92%. En comparación con el 2010, inicio de la administración Chinchilla Miranda, el plan de gastos para 2013 presenta variaciones importantes en las partidas "Servicios de ingeniería" (326%), "Ciencias Económicas" (153%), "Sistemas Informáticos" (415%) y "Gestión y apoyo" (40%).
Las remuneraciones a personas contratadas fuera del aparato estatal pasarán de ¢1.577 millones, en 2010, a ¢1.894 millones, para el 2013. También, aumentarán las plazas con cargo al presupuesto. De 123.873 presupuestadas en 2010, pasaremos a 128.715 el próximo año.
Esas planillas externas y contrataciones paralelas, así como el aumento de las partidas de gastos superfluos, debilitan al sector público. Como se ha visto en otros casos –contrataciones BCIE, por ejemplo–, esos mecanismos de contratación se utilizan para evadir los controles estatales. Además, limitan la inversión social e incrementan la deuda. ¿Qué pasa, entonces, con la planilla del sector público, a la cual se le paga prohibición y exclusividad? ¿Ante quién rinden cuentas los "consultores" del Gobierno Central?
Lo peor de todo es que esas contrataciones no han servido para mejorar un ápice la gestión pública, el desempeño del gobierno o la calidad de los servicios. Es así como se favorece el saqueo indiscriminado de los recursos públicos. El mismo presupuesto, aprobado por el PLN y sus aliados, carece de mecanismos de control y rendición de cuentas. ¿Quiénes se benefician entonces con ese modelo de contratación?
El PAC no sólo aboga por un presupuesto austero y de calidad, un plan de gastos que destine más recursos a la inversión social y que responda a los objetivos de desarrollo nacional. Queremos un Estado fuerte y eficiente, que cumpla con sus deberes, en función de las necesidades y las demandas de la ciudadanía. No podemos aceptar que se debiliten las instituciones públicas para favorecer estructuras paralelas que se administran de forma discrecional.
Tenemos que acabar con el despilfarro y el clientelismo. No es justo que la sociedad pague la ineficiencia de un gobierno sin rumbo, ni liderazgo. Detener la fuga de recursos públicos es una tarea que nos compete a todos.
